Obra financiada por Vivienda se habría ejecutado sin expediente técnico

En gestión de ex alcalde de Santa Rosa Andrés Palma Gordillo

Obra  financiada por Vivienda se habría ejecutado sin expediente técnico

Peritaje reveló un faltante de S/.127, 620.96   de entrega de bienes y servicios de parte de empresa proveedora, Inversiones James Servicios Generales EIRL

Lambayeque.- La inconclusa obra: “Construcción de Infraestructura Vial y Peatonal de la calle Christian Barnard", que contó  con un presupuesto superior al medio millón de soles, financiados por el Ministerio de Vivienda, se habría ejecutado en el año 2009, sin contar con expediente técnico.  

 

 

Así  lo reveló el perito Segundo Vásquez Nepo, quien fue presentado en calidad de testigo por la fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, Judith Pinto Zavalaga,  ante la  jueza del Octavo Juzgado Unipersonal,  Karina Velásquez Campos, durante el juicio oral iniciado ayer contra el ex alcalde de Santa Rosa  Andrés Palma Gordillo y ex funcionarios de la comuna, a quienes se les investiga por el presunto delito de colusión ilegal.

MÁS REVELACIONES

Según la pericia, la obra de pavimentación quedó inconclusa pese a que la comuna desembolsó 498 mil 806.25 nuevos soles, equivalente al 97.68% del presupuesto financiado por el Ministerio de Vivienda. Sólo 12 mil 859.75 soles se revertieron al tesoro público.

La obra que se ejecutó en el 2009 por administración directa, tuvo como proveedora a la empresa Inversiones James Servicios Generales EIRL de James Leodan Herrera Vásquez, acusado por la fiscalía por los presuntos delitos de colusión ilegal y apropiación ilícita.

Herrera (declarado reo contumaz por no asistir a las audiencias), ganó en setiembre del 2009, tres procesos de adjudicación y a la fecha tiene pendiente de entrega en favor de la municipalidad bienes y servicios (agregados, galones de asfalto, bolsas de cemento asfáltico y alquiler de maquinaria) por 127 mil nuevos soles. Es decir que la municipalidad le habría desembolsado el  dinero, sin recibir todos los materiales pactados.

La pericia contable  realizado el 08 de marzo del 2012 a pedido de la fiscalía,  determinó también que “la alta dirección de la municipalidad autorizó la contratación de una profesional inexperta como residente de obra”.  

MAS TESTIGOS

La fiscalía presentó como testigos también al alcalde de Santa Rosa, Roberto Sipión Sono, y al ingeniero Marcial Martín Mocarro Aguilar, Jefe de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano (DIDU) de enero a febrero del 2011 (en la gestión de Sipión Sono), quien elaboró el informe No 22-2011-DIDU/MDSR que también reveló incongruencias entre el avance de obra y la ejecución del presupuesto.

NO ASISTIERON

Pese a que habrían sido notificados con anticipación, no acudieron a la audiencia de juicio oral, la ex residente de obra Karina Lisette Esqueche Velásquez, el ex supervisor José Domingo Rentería Vinces, ni la ex funcionaria de la municipalidad de Santa Rosa María Delia Effio Huamanchumo. La Jueza Karina Velásquez, dispuso para ellos la conducción compulsiva a la próxima audiencia programada para el 16 de julio 2014.

¿INOCENTES?

Ni el ex alcalde Andrés Palma ni los imputados Rony Mariños Mejía (ex jefe de la DIDU) y Leonel Monterroso Salazar (ex gerente municipal) quisieron declarar en esta audiencia y pese a que al inicio de la misma, la jueza les dijo que podrían terminar el juicio haciendo uso de la conclusión anticipada siempre que admitieran los cargos, se negaron a esta posibilidad, declarándose inocentes.

 

 

 Siempre locuaz con la prensa, en esta ocasión el también consejero regional y candidato a la vicepresidencia de la región Lambayeque por el APRA, Andrés Palma, no declaró.

PERJUICIO

El coordinador de la Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque, Manuel Benavente Millán precisó que la pericia dejó en claro que hay un perjuicio económico “pues la municipalidad en este caso ha pagado sin haber recibido materiales. En consecuencia es un hecho doloso, un indicio de concertación. No se puede explicar de otra manera cómo es que la municipalidad paga por un bien que no recibe. Y eso es algo que afecta gravemente el patrimonio del Estado”.