Manuel Cajilima Velásquez fue el verdadero representante
de la empresa ejecutora Consorcio Perú II (integrado por las empresas Power
Producción SAC, constructora Minka SRL, constructora Aro Contratistas y Pérez y
Castro Ingenieros). Consorcio que, según sustentó el fiscal David
Caballero Velezmoro, se habría
beneficiado con el pago de valorizaciones por partidas no ejecutadas en la obra
del Programa Agua Para Todos: “Construcción del Sistema Integral de Agua
Potable y Alcantarillado de Pítipo Cercado y otras localidades como Cachinche,
el Algarrobito, la U, La Libertad, del distrito de Pítipo.
Tras varias reprogramaciones, recién ayer viernes 28 de agosto, el
titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ferreñafe, David
Caballero, pudo sustentar los argumentos de su acusación contra el ex alcalde del distrito de Pítipo, Manuel Valverde Ancajima, ex funcionarios
y contratistas, por presuntos delitos cometidos en la mencionada obra, valorizada en 10 millones 762,771.63
nuevos soles, y que fue ejecutada durante los años 2008 y 2010, quedando
inconclusa y en arbitraje, pese a que se canceló todo su presupuesto.
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| AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN.- Por varias horas, fiscal David Caballero, sustentó acusación fiscal contra ex acalde de Pítipo, ex funcionarios y contratistas |
La audiencia de control de acusación tuvo una
duración de más de 6 horas, y el fiscal Caballero, se reafirmó ante la Juez del
Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Yolanda Gil Ludeña en
su pedido de 18 años de pena privativa de la libertad, contra el ex alcalde de
Pítipo, Manuel Valverde (8 por peculado doloso por apropiación agravado, 8 por
colusión y dos años por omisión de actos funcionales).
El fiscal argumentó que la defraudación al
Estado, en la ejecución de la mencionada obra de Agua Para Todos, ha quedado
acreditada en una pericia contable y otra de ingeniería, que concluyen que se
pagó el íntegro del presupuesto) a las empresas Consorcio Perú II (ejecutora) y
al Consorcio Pítipo Ingenieros & Asociados (supervisora), cuando la obra
sólo tuvo un 75% de avance. Añadió que se cancelaron, sin fianzas vigentes, más
de diez millones de soles, en 17 valorizaciones que incluyeron partidas no
ejecutadas.
Caballero presentó además una serie de documentos
que sustentarían también su requerimiento de acusación, (por presunta colusión,
peculado doloso y omisión de actos funcionales), contra los ex funcionarios:
Rodolfo Sandoval Santamaría (ex gerente edil), Oscar Barrera Bulnes (ex jefe de
obras), Dirma Huamán Campos (ex Jefe de Tesorería) y Víctor Chévez Villegas,
(ex jefe de manejo del SIAF y Tesorería), para quienes pidió penas de 10 y 2
años, e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
REPRESENTANTE
ENCUBIERTO
El fiscal sustentó también su acusación, por presunta colusión y
peculado, contra el residente de la obra, Oscar Torres Alabrín, la representante de la empresa supervisora:
Consorcio Pítipo, Ana Consuelo Cisneros Ibana, la representante legal del Consorcio Perú II Vanesa Borja Izquierdo. Sin embargo fue
enfático en afirmar que el verdadero representante del Consorcio Perú II,
(beneficiado con el pago de valorizaciones) era Manuel Cajilima Velásquez,
quien habría actuado de manera encubierta.
Caballero Sostuvo que Cajilima tuvo una
participación directa en la ejecución del proyecto de inversión pues participó
activamente en la adopción de acuerdos y la realización de trámites
administrativos, como la tramitación de una carta fianza, la contratación del
residente de obra, de donde se infiere que actuó como un representante legal
encubierto del Consorcio Perú II, y que en todo momento utilizó a terceras
personas para que ostenten documentariamente la gerencia del consorcio, “sin
embargo está demostrado que era él quien tenía el control y tomaba las decisiones
dentro del consorcio”, dijo.
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| ENCUBIERTO.- Cajilima era quien tenía el control y tomaba las decisiones dentro del Consorcio Perú II, según fiscal |
Caballero refirió incluso que Cajilima procedió a devolver una carta fianza
otrogada por FINANCORP, por adelanto de materiales de la mencionada obra, por
el importe. 996 mil 709.55 nuevos soles, al haberse frustrado la entrega de la
citada cantidad de dinero por una nueva administración municipal. Señaló que el
empresario, solicitó la devolución de los cheques que había dejado como garantía a FINANCORP,
apreciándose su activa participación en
las diversas facetas de ejecución de la obra.
CINCO MILLONES DE
REPARACIÓN
Luego de la exposición del fiscal, el
representante de la Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque, formalizó la pretención
de una reparación civil de cinco millones de soles, “sin perjuicio de devolverse
lo ilícitamente apropiado, monto que sería pagado en forma solidaria por todos
los imputados”.
A su turno, Manuel Urtecho Florían, abogado de los
procesados Manuel Valverde, Dilma Flores y Víctor Chévez Vilegas, así como el
abogado de Rodolfo Sandoval y Ricardo Barrera Bulnes, formularon
observaciones al requerimiento acusatorio del fiscal Caballero y solicitaron
que se declare infundado.
Formularon además un pedido de prescripción
penal y el sobreseimiento (archivo) a los cargos de delitos contra la
administración pública, de sus patrocinados. Solicitaron también, que se
incluya como prueba una pericia de descargo, elaborada por el ingeniero Ricardo
Inga Durango, que demostraría que no hubo perjuicio económico al Estado.
El abogado de la representante legal de
Conorcio Perú II, Vanesa Borja, señaló que no tenía nada que objetar a la
acusación fiscal. En tanto que el abogado de oficio que terminó asumiendo la
defensa de Manuel Cajilima, manifestó no haber podido tomar contacto con su
patrocinado.
A su turno la Juez del Sexto Juzgado de
Investigación Preparatoria de Chiclayo, Yolanda Gil Ludeña, señaló que por
tratarse de un expediente y una audiencia compleja donde hay varios procesados,
varios delitos y varios medios probatorios, en el plazo de ley, notificaría sus
resoluciones sobre: la excepción de
prescripción, la de procedimiento y las observaciones. “de ser fundada o no, no
se sabe, se dará con el auto de control de acusación”, concluyó la magistrada.
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| JUEZ.- Margarita Gil Ludeña está cargo de complejo y prolongado proceso |
