Hasta julio del 2021, tres mil cincuenta y cinco obras paralizadas valorizadas en S/ 29.9 mil millones, detectó la Contraloría General de la República del Perú . De éstas, el 86% se encuentran a cargo de los gobiernos regionales y locales por 24 mil millones de soles.
Cabe recordar que en el año 2018, la entidad superior de control identificó 867 obras paralizadas, sobre todo en el gobierno nacional (57%), lo que manifestaría que no se hace seguimiento a la reactivación de las obras.
La Contraloría advirtió que la ejecución de la inversión pública se encuentra muy debilitada debido a que el énfasis se concentra en la ejecución presupuestal, dejando de lado otros factores importantes como la ejecución física, la calidad y la oportunidad de las inversiones, lo que se refleja en que el dinero se gasta, pero no se asegura la conclusión de las obras, sobre todo en regiones.
CONTROL CONCURRENTE
Según la Contraloría el modelo de
control concurrente es uno de los ejes centrales de la estrategia de reforma y
modernización del control gubernamental en el país, debido a que su enfoque
preventivo en la lucha contra la corrupción e inconducta funcional está
orientado a contribuir a una mayor eficacia y calidad de la gestión
gubernamental, para que la población disponga de mejores servicios públicos.
“Este modelo de control presenta
ventajas comparativas e incrementa la posibilidad de romper círculos de
colusión y soborno a través del acompañamiento sistemático durante los hitos de
mayor riesgo en el proceso de ejecución de una obra pública y es una herramienta que apoya a los funcionarios
públicos, porque permite que las obras se hagan en el tiempo programado,
supervisando en simultáneo -mirada a través del control gubernamental- que se
cumplan las condiciones y las especificaciones técnicas. Lo esencial del
control concurrente, es el beneficio que le brinda a la ciudadanía, ya que los
proyectos, además de generar un ahorro al Estado, se desarrollan en el tiempo y
la oportunidad que ellos esperan y requieren para su desarrollo y beneficio directo”,
indica la nota de prensa de la entidad..
Se añade que otro de los
beneficios que genera este sistema de control, es que permite el acompañamiento
de manera sincronizada, multidisciplinaria, oportuna, rápida, y preventiva al
gestor público durante los diversos momentos claves de la contratación de un bien,
servicio u obra pública. En cuyos procesos los auditores alertan oportunamente
a los gestores públicos sobre los riesgos y situaciones adversas identificadas
para que adopten las medidas correctivas y preventivas. Así se reducen los
escenarios de incumplimiento u otras posibles irregularidades que afectan la
finalidad de la intervención pública, generan cuestionamientos, así como
responsabilidades administrativas, civiles y penales en funcionario y
servidores públicos.
Los resultados obtenidos en los
últimos tres años de aplicación del control concurrente son concluyentes porque
funciona, genera valor público, contribuye a que las obras no se paralicen y
concluyan con menores costos de inversión. Del análisis a 1925 servicios de
control concurrente, se ha podido determinar que este modelo evitó un potencial
perjuicio económico de 485 millones de soles entre los años 2017 y 2020. Siendo
la principal recomendación la exigencia de penalidades no ejecutadas, un factor
recurrente en obras públicas.
Es preciso señalar, también, que
la incidencia por la corrupción e inconducta funcional en el año 2020 en
inversiones públicas se redujo en 8.4% con respecto al 2019. En general, esta
reducción es por todos los niveles de gobierno, particularmente en las obras
del gobierno nacional, con una caída de 19.4% (que tuvieron un acompañamiento
del Control concurrente, como en los Juegos Panamericanos, Reconstrucción con
Cambios, entre otros).
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