El juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria
Especializado en Delitos de Corrupción Reynaldo Leonardo Carrillo, dispuso 24
meses de prisión preventiva, para el Gobernador Regional de Lambayeque, Anselmo
Lozano Centurión, implicado en el denominado caso “El Imperio del
mal”
La medida coercitiva también incluye a los investigados Harry
Gonzáles Solano, Wilfredo Castro Carmona, Osmán Yangua Criollo y
Alejandro Criollo Quispe El plazo se prisión preventiva se computa desde el día
de su detención (27 de enero 2020). El juez dispuso que se curcen los oficios
para su traslado e internamiento en el penal que les corresponda.
En el caso de Lozano, habiéndose informado que está
hospitalizado, se dictaminó que la prisión
preventiva se ejecute cuando se le de alta en el centro médico donde se
encuentra.
“La señora fiscal oficiará a medicina legal para que le haga
la evaluación respectiva, ya que la fiscal está cuestionando su estado de salud”,
dijo el magistrado.
El juez dispuso comparecencia para María Rita Castro
Grosso, José Giancarlo Huamán Vargas,
Marco Tarrillo, Marco Sime Castro y Alexandra Meli Criollo.
FUNDADOS Y GRAVES
ELEMENTOS
El pedido de prisión preventiva fue sustentado por la fiscal
provincial Karin Ninaquispe Gil, precisando la existencia de fundados y graves
elementos (entre ellos las declaraciones de dos empresarios de la construcción)
que vincularían a la autoridad regional.
Ninaquispe sostuvo que, de las diligencias realizadas se ha
establecido que en la Municipalidad Distrital de La Victoria, en el período
2015-2018, se habría constituido una organización destinada a cometer delitos
de corrupción de funcionarios (Cohecho Pasivo, Cohecho Activo y Tráfico de
Influencias), liderada por el alcalde de esa época, Anselmo Lozano Centurión, e
integrada por sus cercanos colaboradores, funcionarios de dicha entidad, con
capacidad de decisión administrativa, vinculados a contrataciones públicas,
siendo que la cercanía con los contratistas, permitió que se vinculen los
procesos de contratación de obras públicas, en los cuales los funcionarios,
aceptaban y/o recibían -o solicitaban-, dádivas a los postores (contratistas).
Según la investigación fiscal, los contratistas habrían
entregado dádivas a fin de obtener la buena pro en los procesos de selección,
los que habrían continuado en el Gobierno Regional de Lambayeque.
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