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| Funcionarios de Provìas, Fondepes, entre otros involucrados en hechos irregulares |
Los resultados del Megaoperativo que
realiza la Contraloría en la región Lambayeque desde noviembre del año pasado
son desalentadores y evidencian que la corrupción
sigue vivita y coleando, pues se ha detectado 151 hechos irregulares en la
gestión de las entidades públicas de Lambayeque y un perjuicio económico de 15
millones de soles. Por si fuera poco se identificó a 377 funcionarios públicos
involucrados en presuntos actos de inconducta funcional y uso indebido de los recursos
públicos.
El Vicecontralor de Control Sectorial y
Territorial, Luis Robas, informó que los resultados forman parte de las 524
intervenciones de control, desplegadas en 83 entidades del Estado en los niveles de gobierno nacional, regional y local. Precisó que en el
Megaoperativo se examinó la ejecución de cuatro mil millones y medio de soles y que los principales sectores intervenidos
fueron: Transporte, Saneamiento, Vivienda, Educación, Comunicaciones.
HALLAZGOS
Como se recuerda el Megaoperativo
de la Contraloría se inició el 23 de noviembre de 2021 con la participación de
241 auditores y especialistas, quienes se desplazaron a las 3 provincias y 38
distritos que tiene Lambayeque. Tras cinco meses de trabajo ayer la Contraloría
presentó algunos de sus informes ante diversas autoridades y medios de
comunicación.
Se informó que, en un Servicio de Control Específico, se
detectó un perjuicio de S/ 1 178 679.70 en la construcción de la autopista
Pimentel – Chiclayo, debido a que el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transportes Nacional (Provías Nacional) autorizó, de manera irregular, la
contratación de la obra de culminación de la vía, la entrega del terreno y el
inicio de los trabajos por un monto de S/ 17 139 636.25, sin que los predios
privados sean liberados previamente, por lo que no se contaba con su plena
disponibilidad física.
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Desde la elaboración del
expediente técnico, se advirtió también sobre interferencias causadas por
instalaciones de servicios de agua potable y alcantarillado, redes eléctricas y
telefónicas, las que hacían inviable la culminación en el plazo previsto de 180
días calendario. Pese a ello, Provías convocó el procedimiento de selección y
autorizó la contratación de la obra. Por estos hechos, se determinó presunta
responsabilidad civil y administrativa en dos exfuncionarios de la
entidad.
PAGOS INDEBIDOS EN PUENTE POCITOS-MÒRROPE
Además se comunicó un perjuicio al
Estado de más de 621 mil soles en la obra de Mejoramiento de la Vía Pocitos-Mórrope. Obra emblemática
del Gobierno Regional que une a los distritos de Tùcume y Morrope que
empezó en el 2017 y que recién fue liquidada el 31 de julio del 2021. Aquí se
dieron cinco ampliaciones de plazo porque cuando se convocó el procedimiento de
selección y se inició el plazo de ejecución contractual no se contaba con el
saneamiento físico ni legal de los terrenos privados. También se identificó que
se pagó por mayores metrados que no se habían ejecutado y no se aplicó una
penalidad por un retraso injustificado al momento de la conclusión de la obra. Identificándose
responsabilidad civil, penal y administrativa en nueve funcionarios.
DESEMBARCADERO DE SAN JOSÉ
Otro hallazgo relevante
compromete a cinco ex funcionarios del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
(Fondepes) y está referido a la
cuestionada obra. “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo
Humano Directo de San José”, más conocida
como “El Desembarcadero de San José”, que
pese a estar presupuestada en 32
millones de soles y con un plazo de ejecución de año y medio, terminó costando
más de 34 millones y culminando luego de cinco años con saldo a favor del
contratista.
Con una Auditoría de Cumplimiento se detectó un
perjuicio de más de dos millones de soles en la construcción de esta obra, al
determinarse la aprobación de 31 solicitudes de ampliación de plazo por un
total de 1 329 días calendario, debido a causales atribuibles al Fondepes.
Dicha situación ocasionó el
reconocimiento de mayores gastos generales por 1 711 235 en favor del contratista Consorcio
San José y 668 471 soles por la
extensión de los servicios de supervisión del Consorcio hasta por 1 137 días calendario. La
Contraloría identificó la presunta responsabilidad civil de cinco
exfuncionarios y exservidores del Fondepes.
VILLA FERREÑAFE
Así también la Contralorìa
informó de un perjuicio de S/ 588 095,00 por el alquiler e instalación de
estructuras metálicas para la infraestructura del hospital temporal “Villa
Ferreñafe”, debido a que entre mayo de 2020 y mayo de 2021, la Red Asistencial
Lambayeque del Seguro Social de Salud (EsSalud) otorgó la conformidad de
servicios pese a que el contratista incumplió con las obligaciones establecidas
en los Términos de Referencia (TdR). En este caso, la comisión identificó la
presunta responsabilidad civil y/o administrativa de siete funcionarios,
exfuncionarios y servidores de la Red.
ADJUDICACIONES IRREGULARES
A través de una auditoría de
cumplimiento (una de las modalidades de control posterior), la Contraloría determinó
que 12 procedimientos de selección habían
sido direccionados. Se indicó que en el 2020 la Municipalidad Provincial de
Lambayeque otorgó la buena pro para la contratación de los servicios de
ejecución de mantenimientos periódicos y rutinarios de 12 caminos vecinales,
por más de quince millones de soles, al
margen de la ley. No admitiendo ofertas
que sí cumplieron con los requisitos exigidos en las bases y en el Régimen
Especial del Decreto de Urgencia N° 070-2020. Por estos hechos, el ente de control
identificó la presunta responsabilidad penal y administrativa de tres funcionarios
de la entidad edil. “Habían sacado de
carrera a postores que cumplían con los requisitos. Había apostado a un postor único
a pesar que los otros pudieron haber dado opciones más ventajosas para la
Entidad”, aclaró el Gerente Regional de
Control de Lambayeque, Tomás Tello.
COMPENSACIONES QUE
NO CORRESPONDÌAN
En la exposición que efectuaron
los representantes de la Contralorìa, informaron también que mediante un
Servicio de Control Específico se detectó un perjuicio de S/ 717 317,96 debido
a que autoridades encargadas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,
percibieron compensaciones económicas y otros beneficios establecidos en el
Decreto Supremo N° 313-2019-EF, sin que les corresponda. Como consecuencia de
ello, la entidad realizó aportaciones a EsSalud en mayores importes, afectando
el correcto uso de los recursos públicos. “SERVIR se pronunció en el sentido de
que ellos por ser encargados debían seguir percibiendo la remuneración de sus
puestos de origen. Sin embargo se incrementaron
y eso ha significado un perjuicio al Estado de 717 mil SOLES. Hay 12 funcionarios y
servidores con presunta responsabilidad civil y administrativa”, refirió el
Gerente Regional de Control.
AUTOPISTA DEL SOL
Se informó que pese a que ha
transcurrido cinco años desde la ocurrencia del Fenòmeno El Niño del 2017 no se culmina la rehbailitaciòn de
22.42 kilòmentro de la autopista del Sol en el subtramo Evitamiento-Chiclayo.
El retraso se debe a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no estableció
plazos para la presentación y aprobación final del Estudio Definitivo de
Ingenierìa de la II Etapa.Tampoco se
establecieron plazos para el cumplimiento de las condiciones necesarias para el
inicio de la ejecución de las obras de rehabilitación que deben cumplir el MTC,
la empresa Concesionaria y el Organismo Supervisor de la Inversiòn en
Infraestructura de Transporte de Uso Pùblico OSITRAM en su calidad de regulador
del contrato.
RETRASOS EN CENTRO DE SALUD
En relación al Centro de Salud de
Pòsope Alto que se viene ejecutando en el marco integral de la Reconstrucción Con
Cambios se ha determinado con un informe de Hito de Control Concurrente que hay
retrasos. “Se ha puesto de conocimiento al gestor para que se cumplan con los
plazos establecidos y que el centro de salud esté a disposición de la población
en el menor tiempo posible y dentro de los plazos contractuale”, añadió Tomás
Tello.
MILLONARIA CONTRATACIÒN
IRREGULAR
Se detectó la irregular contratación
de proveedor para el servicio de alimentación destinada a los internos,
internas y sus menores hijos, así como del personal que labora en los establecimientos penitenciarios de las
regiones: La Libertad y Piura que pertencecen a la Oficina Regional Norte
Chiclayo del Instituto Nacional Penitenciario INPE. Además otorgaron buena pro
y se suscribieron contratos al margen de la norma con un único proveedor que no
acreditò las exigencias previstas en las bases del concurso público. Hay 12
presuntos responsables.
¿NUEVA CIUDAD DE OLMOS?
Llamó la atención que en la presentación
de los hallazgos preliminares, la Contraloría no halla mencionado los de
la Nueva Ciudad de Olmos, pese a que hay
trabajos de “Instalación de los Servicios de Vialidad Urbana de la Nueva Ciudad
de Olmos” por más de 276 millones y la “Instalación de los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario en la Nueva Ciudad de Olmos”, por
más de 260 millones, que a la fecha tienen un escandaloso deterioro.
Como se recuera ambos proyectos
(vialidad y saneamiento) a cargo del Programa Nuestras Ciudades (PNC) del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), iniciaron a mediados
del 2017, pero siguen inconclusos y con contratos resueltos.
¿OBRA DE LOS 12 PUEBLOS?
En la exposición tampoco se hizo
referencia a la cuestionada obra:
“Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado con conexiones
domiciliarias de los pueblos jóvenes: Villa Progreso, Miraflores, Las Vegas,
Samán, San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé”,
financiada con 60 millones de soles del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, que debió concluir en
noviembre del 2020 y cuyos plazos se ampliaron por una serie de situaciones
adversas.
El DATO
La Contraloría ha efectuado en Lambayeque 419
servicios de control, en la modalidad de simultáneo y posterior. Los servicios de control posterior
que permitieron detectar hechos
irregulares fueron 212 y se realizaron
en las modalidades de servicios de control específico (65), acciones de oficio
posterior (136) y auditorías de cumplimiento (10) y auditoría de desempeño
(1). Se indicó que algunas semanas se sumarán algunos más, pues el
operativo aún no culmina.
Se han realizado también 207 servicios
de control simultáneo, los que permitieron advertir 430 situaciones de riesgo,
de las cuales 80 fueron resueltas por los gestores públicos o están en proceso
de implementación de las medidas para superar los hechos alertados por las
comisiones de control. En 343 no se adoptaron acciones por parte de las
entidades públicas.
