El pasado
02 de mayo del 2018, la Presidencia del
Consejo de Ministros emitió el Decreto
Supremo No 047.-2018-PCM, en el que se declara el Estado de
Emergencia, en algunas localidades del distrito de Mórrope, provincia de
Lambayeque, por desastre, a consecuencia de contaminación con arsénico de pozos
y norias de agua para consumo humano.
La norma refrendada por el presidente de la República,
Martín Vizcarra, es además validada por el Presidente del Consejo de Ministros entre otros. Pero el gran ausente y
necesario en este angustioso tema es el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Sobre todo si se considera que la Emergencia se da en localidades morropanas, donde, a través del Shock de Inversiones y el Programa
Agua Para Todos, el Estado invirtió más de 20 millones de soles en exoneradas y
prioritarias obras de saneamiento que quedaron inconclusas, inoperativas y
hasta en arbitraje.
Basta dar un vistazo a la obra de Agua Para Todos: “Mejoramiento
y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico del Centro Poblado Cruz del
Médano y sus anexos El Porvenir, San Miguel, Santa Elena, Santa Rosa, Los
Sánchez y los barrios del caserío Lagartera”, valorizada en más de ocho millones de nuevos soles, para darnos cuenta del enorme perjuicio que
ocasiona la escasa fiscalización del presupuesto estatal, el deficiente seguimiento
a los proyectos de inversión pública y las nulas sanciones a los responsables de que los
millones que gasta el Estado se vayan al tacho (o a numerosos bolsillos).
Según diversos informes, el pozo No2, (uno de
los componentes de la millonaria obra del Programa Agua Para Todos), contiene
arsénico en niveles superiores a lo permitido, representando un grave riesgo
para la salud. En informes de EPSEL, que datan del 2014, se alerta de la
presencia de arsénico en el agua y hasta hubo una disposición de la GERESA en
la que pidió al alcalde Nery Castillo suspender el consumo de agua de este
pozo. Pero eso no ocurrió y menos aún se sancionó a los responsables de qué los más de ocho millones de
soles que desembolsó el Estado en esta obra, no favorecieran a los cinco mil
pobladores que justificaban el proyecto.
La suspensión del consumo del agua del pozo No2
de Cruz del Médano, recién se dio tras el decreto dado por Vizcarra. Ahora el
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, se ve en los apuros de dotar a la población de agua potable
proveniente de cisternas o agua embotellada, pese a que en años anteriores, transfirió millonarias cifras para un pozo
tubular y un tanque elevado de 900 metros cùbicos, que dota agua con arsénico.
Otras localidades en emergencia, según el decreto
de la PCM son: Tranca Fanupe,
Tranca Sasape, Casa Blanca y Fanupe Barrio Nuevo, lugares que contaron con otra
millonaria obra de Agua Para Todos, denominada “Mejoramiento y Ampliación del
Sistema de Saneamiento básico de los caseríos Positos, Tranca Sasape, Tranca
Fanupe, Casa Blanca y Fanupe Barrio Nuevo” que también dejó perjudicados a más
de ocho mil morropanos.
La mencionada obra estaba valorizada en más de 9
millones de soles y se la exoneró de licitación pues era URGENTE resolver los problemas de salubridad que aquejaban a los
morropanos. Pero la prioritaria obra ejecutada por la cuestionada constructora
CONCISA, además de inconclusa, terminó en
arbitraje y sin posibilidad de ejecutar su carta fianza. ¿Los perjudicados?,
otra vez el Estado y más de ocho mil
morropanos que hace años beben agua no apta para consumir, pese a que el Estado
ha seguido desembolsando presupuestos para concluir la nefasta obra.
La emergencia alcanza además a Arbolsol, donde también se realizó la
Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el caserío y anexos, que le costó al Estado cerca de un millón 400 mil nuevos
soles…Y es más que seguro que la emergencia dada por el Gobierno en diez caseríos,
se ampliará a otras localidades donde también se han ejecutado millonarios obras
de saneamiento que no le sirven a nadie
Mientras tanto algunas de las denuncias que llegaron hasta el Ministerio Público y a la Contraloría,
avanzan con la celeridad de una babosa cansada.
Entre tanto, el
ministerio de Vivienda, que durante el gobierno de Alan García y Ollanta Humala, autorizó millonarias
transferencias para Mórrope, hoy sigue enviando cisternas o agua embotellada
en poblados que hace rato deberían contar con buena dotación no solo de agua, también tener desagüe y
hasta plantas de tratamiento, (como decían los expedientes técnicos que al parecer a nadie le interesa revisar). El gobierno regional ha reportado que se reparten de
20 a 30 litros de agua por persona en las localidades declaradas en emergencia, atendiendo a casi siete mil personas
diariamente. ¿Por cuánto tiempo? Nadie sabe.
Y ahora que se vocean más días de emergencia para caseríos de Mòrrope y acciones “de excepción, inmediatas y
necesarias, destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas”,
(como reza el comunicado de la PCM), urge que las instituciones tutelares, los periodistas y la población estemos muy atentos, ¡demasiado¡, ¡más alertas que
nunca!.
